Los cambios en la ley de jubilación provincial comenzarán a aplicarse con los salarios y los haberes de enero, ya que el gobernador Martín Llaryora reglamentará la nueva norma con 38 votos a favor y 32 en contra–, aprobada en la Legislatura.
Será, precisamente, en la letra chica de esa reglamentación donde se despejarán las principales incógnitas que hoy despiertan los cambios previsionales en Córdoba: desde qué piso se incrementarán los aportes a los empleados públicos y cómo impactarán las subas y bajas en los haberes de los jubilados provinciales.
Será, precisamente, en la letra chica de esa reglamentación donde se despejarán las principales incógnitas que hoy despiertan los cambios previsionales en Córdoba: desde qué piso se incrementarán los aportes a los empleados públicos y las subas y bajas en los haberes de los jubilados provinciales.
Ese 82% no será móvil ni remunerativo. Se instrumentará como un bono que se actualizaría cada seis meses, en función de los aumentos que reciban los trabajadores activos.
Desde la oposición al gobierno de Llaryora sostienen que el 82% al que hace referencia el oficialismo es “una estafa”. “Lo que reclaman los jubilados cordobeses es el 82% móvil. Pero esto del 82% del que habla el oficialismo es una estafa. Van a recibir un bono no remunerativo, cuyos aumentos serán definidos discrecionalmente por el gobernador, sin ningún tipo de garantía”.
“Además, esos fondos saldrán de recortes a otros trabajadores públicos y jubilados con ingresos más altos. En definitiva, el gobernador hace política con la plata de otros”.
Mientras tanto, los gremios estatales también esperan conocer la reglamentación de la ley antes de definir los próximos pasos. Bancarios, judiciales, municipales capitalinos, jerárquicos y Luz y Fuerza ya dan por descontado que estarán entre los sectores más perjudicados por la reforma.
