Entre los cambios que los legisladores aprobaron se estableció que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y se fijó la figura de la reiterancia, que refiere a que una persona quede imputada por una infracción antes de que quede firme una sentencia anterior. También se creó un registro de antecedentes contravencionales y se agravaron las penas por ocultamiento de rostro, peligro de incendio y evasión de control policial.
Otro de los puntos acordados fue establecer como contravención los agravios al personal educativo, de salud, de las fuerzas de seguridad y de bomberos la disposición ilegal de residuos la organización de fiestas clandestinas y las conductas sospechosas o el merodeo en zonas rurales, entre otros.
