Luego de una semana de máxima tensión entre la dirigencia ruralista de Río Cuarto y el gobierno provincial por las quejas y expresiones cruzadas tras la suba del Impuesto Inmobiliario Rural, molesto, el gobierno de Martín Llaryora decidió mover a fondo: dejó trascender que, por estas horas, analiza eliminar para el año próximo el tributo de la discordia, que en un 98% vuelve en obras y seguridad para el campo, y que sean los mismos productores los que se organicen y realicen esas tareas. Fue en respuesta al llamado de asamblea que organizó la Sociedad Rural de Río Cuarto para este lunes a las 18 en la sede de la entidad para protestar contra el alza en el tributo.