La reacción se sintió casi en tono “mileísta”: que el Estado se retire y sean los privados los que se hagan cargo de sus necesidades y de ver cómo las resuelven.
“El impuesto se cobra porque se necesita recaudar fondos para hacer las obras y mantener la seguridad de los campos con las patrullas rurales. Porque el único sector que paga y recibe lo que aporta en obras y seguridad es el campo, no hay otro. Bueno, si la idea es no aportar lo que hace falta para mantener la infraestructura y realizar nuevas obras, deberíamos eliminar el impuesto porque, si no, después van a llover las quejas a la Provincia de que no se hacen las cosas. No es válido quejarse por lo que se aporta y quejarse porque no se hacen las cosas por falta de fondos”, se quejó una encumbrada voz del gobierno provincial, que además se encargó de recordar que las subas del inmobiliario “fueron acordadas con la Mesa de Enlace provincial luego de varias reuniones”.
En ese camino, en el gobierno recuerdan que en el Presupuesto 2025 que aprobó la Legislatura figura un alza del 189% para ese tributo, pero que después “en un gesto del gobernador y ante la situación de los productores”, se decidió avanzar con un decreto y aplicar un máximo del 172,5% entre el impuesto bruto del año pasado y el de este año. La diferencia quedaría para el año próximo, pero en el mismo gobierno admitían -antes de esta tormenta- que posiblemente eso termine en una condonación o compensación.
Pero allí estuvo la génesis de la tensión: no hubo una clara información sobre cómo calcular el incremento y muchos productores entendieron que, sobre lo que pagaron el año pasado, debían calcular un 172,5% de aumento. Cuando el lunes pasado tuvieron disponible el nuevo Inmobiliario Rural en el CIDI se encontraron con que la cifra era mucho mayor a la esperada. ¿Qué pasó? El cálculo debía hacerse sobre el impuesto bruto y no sobre lo que efectivamente pagaron el año pasado luego de aplicar descuentos como el de contribuyente cumplidor (30%) y acreditación de Buenas Prácticas (5%). Además, en 2024 hubo un 10% adicional por pago contado, que ahora ya no existe.
Pero hubo otros varios errores, además de la comunicación que evidentemente no dejó en claro el procedimiento, porque hasta la Mesa de Enlace que “había acordado” llegó con varios casos testigo a una reunión urgente organizada en el Ministerio de Bioagroindustria provincial el miércoles para despejar dudas sobre cómo se calculaba el aumento que los productores aseguran que llega al 250% o 300%. Allí se advirtió, por ejemplo, que no existía el monto bruto del año pasado ni el de este en la página de Rentas. Es decir, no se tenía el punto de partida necesario para realizar la estimación de la cifra. Además, una serie de alternativas de pago que se “habían acordado con la Mesa de Enlace” tampoco figuraban en la página. Todo contribuyó a incrementar el enojo en el sector ruralista y en altos mandos del gobierno cuando advirtieron esa situación.
Sin embargo, en ese encuentro con funcionarios del Ministerio de Bioagroindustria que encabeza Sergio Busso, los casos aportados por los dirigentes de las cuatro entidades fueron cotejados y a todos les daba un aumento del 172,5% sobre el bruto del año pasado.
Allí hay un punto a tener en cuenta como central en el debate: los productores van a pagar en promedio este año alrededor de un 210% más que en 2024. ¿Cómo puede ser eso si la suba es del 172,5%? Porque sobre el monto bruto del impuesto del año pasado se aplicaron una serie de beneficios que redujeron hasta en un 45% la cifra final. Entonces, un productor que pagó 700 mil pesos por el anual del Inmobiliario el año pasado, ahora deberá afrontar una cifra de 2,2 millones: eso da 214,7% más. No son cifras antojadizas, es el caso de un campo de la zona de Río Cuarto. Eso es lo que miran los productores. El gobierno provincial insiste en que esa cuenta compara “peras con manzanas”. Es la brecha que genera la tensión.
Pero en el gobierno provincial, y en el Ministerio de Bioagroindustria en particular, no sólo evalúan eliminar el Impuesto Inmobiliario como respuesta a la ola de quejas con epicentro en la Rural de Río Cuarto, sino que además recuerdan que “hace muchos años que los gobiernos provinciales decidieron no hacer un revalúo de los campos”. Fue un recordatorio que sonó como advertencia: en lugar de la primera idea se podría avanzar con la segunda como alternativa. Y recuerdan los casos de Buenos Aires y Santa Fe.
La tensión entre la Rural de Río Cuarto y el Ministerio de Bioagroindustria no es nueva. En la última exposición quedó expuesta cuando llegaron al predio las autoridades del gobierno provincial, encabezadas por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro Sergio Busso, pero en el acto inaugural los organizadores habilitaron solo a Prunotto a hacer uso de la palabra. En ese momento se explicó que “el protocolo establece que sólo habla una persona por institución, y la de mayor rango. Por eso habló la vicegobernadora”. En el Ministerio eso no cayó para nada bien. Busso tenía pensado aprovechar la tribuna ruralista para centrar su mensaje en las retenciones y pedirle al Gobierno de Javier Milei la eliminación de ese impuesto. “Es insólito, la Rural no quiere que hablemos de la eliminación de las retenciones”, sugirieron desde la cartera agropecuaria.
Astilla del mismo palo
Hay más. Porque fruto de la tensión de esta semana, el que salió a responder a la convocatoria a asamblea ruralista de mañana fue el responsable de Infraestructura Rural, Franco Mugnaini, un hombre de la Sociedad Rural de Río Cuarto que, desde la gestión de Juan Schiaretti, acompaña a Busso con un protagonismo cada vez más marcado, especialmente vinculado a las obras para el campo. Mugnaini sugirió que no recordaba una convocatoria a asamblea para reclamarle a la Nación que elimine las retenciones. “Un campo promedio paga 10 quintales de soja de retenciones y 1 de Inmobiliario Rural. Los primeros se los queda la Nación, mientras que lo que pagan a la Provincia vuelve en obras para el sector en un 98% por disposición del gobernador y además los dirigentes intervienen en definir prioridades”, remarcaron desde el Ministerio.
En la Rural de Río Cuarto hay un malestar creciente con Mugnaini, que asegura tener respaldo de algunos integrantes de esa entidad. Sin embargo, trascendió que en la asamblea de mañana podría proponerse una moción para que se lo declare persona no grata, una distinción que compartiría con el exdiputado nacional Alberto Cantero, quien la recibió en medio de la pelea por la 125, en 2008.
“La asamblea está muy firme y nos van a acompañar otros sectores que también se quieren expresar por los impuestos”, advirtieron anoche desde la Rural. En el gobierno apuntan a que detrás de la convocatoria está “la mano del radicalismo, con dirigentes ruralistas e intendentes que quieren enrarecer el clima”.
Con información de Diario Puntal.
