“Existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales que cuentan con el título de abogado, un civil y abogados particulares, que utilizaron información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico”.
La investigación apunta a una organización ilícita que utilizaba datos reservados para realizar negociaciones ilegales.
Este escándalo se suma a otros registrados en meses anteriores que suman detenciones de jefes de la Policía de Córdoba, de Bomberos y del Servicio Penitenciario.
La causa que ahora encabeza el fiscal Guillermo González comenzó en Cosquín, a raíz de una denuncia por un supuesto apriete vinculado a un pago por servicios legales. La fiscal Paula Kelm, a cargo de la investigación inicial, detectó algo más.
Revisando conversaciones y audios telefónicos, comenzaron a aparecer nombres que no cuadraban con un simple conflicto legal.
Uno de los más recurrentes era el del director general de la Caminera, Ochoa Roldán.
“Cuando la fiscal vio que había algo más, que podía estar ocurriendo algo grave en Córdoba capital, giró la causa”, relataron fuentes con acceso a la investigación.
A partir de allí, se montó una investigación reservada y meticulosa.
El desafío era inmenso: lograr que personal de la propia Dirección de Investigaciones detuviera a sus compañeros de la fuerza, sin que la operación se filtrara.
La lista de detenidos impacta: además de Ochoa Roldán, fueron arrestados su hermano, el abogado Gastón Ochoa Roldán el comisario inspector Martín Heredia, integrante de la Caminera Leonardo Torres, jefe de la asesoría letrada de la Policía Jorge Gutiérrez, responsable de la Dirección de Protección de Testigos y Dante Villalba, suboficial y chofer en la Jefatura.
A ellos se suma Gabriel “el Panadero” Burkhart, un civil que, según la investigación, era la pieza clave de toda la operatoria.
Burkhart, conocido como “el Panadero”, habría actuado –según los términos de la acusación– como nexo entre personas con problemas legales y los miembros de la asociación ilícita.
Pero como el foco era más amplio, los investigadores tenían que ubicar, sin levantar sospechas, a los propios policías de altos rangos. Ellos eran los que servían en bandeja la solución al “panadero”.
Porque según los pesquisas, una vez que “el panadero” conectaba a un potencial cliente, los miembros del grupo evaluaban la situación utilizando información sensible de la Policía, accediendo a bases de datos y planillas internas, y establecían montos por cobrar por supuestos “servicios”, según las acusaciones de la fiscalía.
“Era un sistema aceitado. Utilizaban recursos del Estado, personal, móviles y su posición de poder para extorsionar o arreglar conflictos por fuera del sistema judicial”, sostuvo una fuente cercana a la causa. Uno de los casos más aberrantes sería un conflicto de propiedad, en el que el grupo habría ofrecido “resolver” el asunto cobrando entre un 20 y 30 por ciento del valor del bien.
“Y lo resolvían mandando un patrullero, amenazando, haciendo operativos truchos”, reveló un investigador.
En otros casos, directamente habrían obtenido beneficios económicos a través de maniobras ilegales.
Si bien las actuaciones son recientes (no más de dos semanas) el fiscal creyó llegar a un punto de inflexión y ordenó este viernes 11 allanamientos y detenciones simultáneas.
Según González, todo se ejecutó “con absoluta reserva” y con personal de confianza.
“Los detectives de la Policía de Investigaciones hicieron un trabajo impecable, detuvieron a sus propios compañeros sin que se filtrara nada. Fue una situación fuerte, muy fuerte”, destacó un colaborador de la fiscalía.
Durante estos procedimientos se hallaron pruebas clave en los domicilios de los detenidos, incluyendo documentación, registros de operaciones ilegales y teléfonos con información relevante, comentaron los investigadores.
Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que no hay trabas para “depurar la fuerza”.
“No se encubre a ningún policía. Al contrario, se persigue y se remueve inmediatamente a quienes cometen delitos. Este es un mensaje claro: no hay lugar para la corrupción en las fuerzas de seguridad”, afirmó el propio ministro, Juan Pablo Quinteros.
Un trascendido indica que la noche anterior a los allanamientos hubo contactos entre la Gobernación y Seguridad, donde el Ejecutivo solicitó celeridad en la investigación administrativa y el pase a retiro inmediato de los implicados.
En la fiscalía creen que el “tope de la estructura” ya estaría detenido. Sin embargo, también se dejó entrever que podría haber más implicados y que se podrían ampliar imputaciones por hechos adicionales.
“Estas personas usaban sus cargos para cometer delitos y sacar beneficios personales. Lo más grave es que lo hacían desde un lugar de poder que debiera ser ejemplo de legalidad”, concluyeron los investigadores.
