La maniobra delictiva contaba con cuatro “patas”: la Dirección Bomberos de la Policía provincial, donde algunos efectivos cobraban la Municipalidad de Córdoba, donde otros empleados colaboraban gestores particulares, y, finalmente, empresarios inescrupulosos que, pese a tener negocios sin la debida seguridad, pagaban para poder funcionar. A su vez, habría habido otros empleados municipales que coimeaban a negocios para que siguiesen funcionando, entre otras maniobras.
Ese montaje se vino abajo luego de la denuncia de un bombero.
La causa recayó en el fiscal Guillermo González, quien se puso a trabajar con su equipo y terminó imputando y deteniendo a una veintena de acusados.
El principal sospechoso es el excomisario general Gustavo Folli Pedetta, quien durante largos años fue jefe de Bomberos para luego ser subjefe de la Policía y más tarde titular de Defensa Civil Municipal.
El fiscal lo acusó como presunto jefe máximo de la asociación ilícita, lo detuvo a fines de 2023 y lo mandó a la cárcel de Bouwer con los demás.
Folli fue apresado poco después de haber dejado de ser el titular de Defensa Civil y poco antes de que Martín Llaryora dejara el municipio y asumiera como gobernador.
Además, el fiscal acusó a Folli por presuntos hechos de violencia de género en contra de una mujer, quien a su vez lo complicó con la supuesta asociación ilícita.
En prisión, Folli tuvo problemas cardíacos, por lo que debió ser internado en el Policlínico Policial, donde permanece internado y con custodia.
Mientras en la fiscalía se avanza en esta “megacausa” (hay una causa central y otras derivaciones) para “redondear” la acusación y enviar todo a juicio, hay imputados que ya “levantaron sus manos” y, a través de sus defensores, estarían solicitando someterse a juicios abreviados.
Este proceso es absolutamente legal: los acusados admiten los delitos en su contra, mientras sus defensores y fiscal “negocian” una condena menor que la que correspondería en caso de un juicio común y con sentencia en contra de un jurado. Todo debe ser avalado por un juez.
Desde la fiscalía hay silencio en torno a quiénes son los imputados que han levantado la mano. En principio, no serían los bomberos.
De todos modos, trascendió que serían tres personas, por ahora. Podría haber incluso más.
El punto no es menor: si hay acusados que admiten haber formado parte de la mecánica de la presunta asociación ilícita o de los delitos paralelos, como cobro de coimas, la pesquisa se fortalece de cara a un juicio y la situación de los principales acusados se complicaría.
Además de Folli, está acusado quien fue su sucesor en Bomberos, el comisario Sergio Sosa, quien está señalado de haber sido otro de los presuntos organizadores del esquema.
Se habilitaron supermercados, concesionarias y hasta centros médicos, entre otras grandes superficies, sin seguridad. Tras ser cerrados oportunamente, mejoraron sus condiciones.
En paralelo, Folli se encuentra además acusado por supuesta violencia de género en contra de su expareja, policía, quien lo denunció y hasta aportó pruebas sobre la causa “Bomberos SA” en la fiscalía.
El excomisario general fue acusado por el propio fiscal González como presunto autor mediato de aborto, coacción y tráfico de influencias reiterado, en el marco de un contexto de violencia de género.
Respecto de la acusación de tráfico de influencias, la medida se debe a que Folli se habría valido de su autoridad para cambiar de destino y modificar las condiciones de labor de la joven policía.
