El Gobierno confirmó, a través de su vocero Manuel Adorni, que una auditoría sobre el universo total de pensiones por discapacidad arrojó irregularidades que, según estimó, equivaldrían a un desvío de fondos equivalentes a 3.400 millones de dólares.
“Ni a un país que haya sufrido una guerra o una catástrofe tiene semejante cantidad de beneficiarios”, dijo.
En su habitual conferencia de prensa, el funcionario de La Libertad Avanza describió que entre 2003 y 2015, en los tres gobiernos kirchneristas, “la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego el número de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios”.
A su juicio, se consumó una “gran estafa” con algunos casos casi increíbles, como el presunto uso de la radiografía de un perro para justificar problemas de columna. Unas semanas atrás, el jefe de Gabinete Guillermo Francos había anticipado los datos de la auditoría, pero entonces sobre una muestra.
Adorni dijo que se citará al 100% de los beneficiarios por incapacidad laboral. Se hará por carta documento y el citado deberá presentarse ante Anses u hospital público. Si no se presenta, perderá el beneficio.
La Agencia estima que el 40% de las pensiones por discapacidad fueron mal otorgadas, lo que implica que unos 500 mil podrían ser dados de baja, aunque no habrá quita automática, sino una instancia de revisión particular.
“Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente”, agregó el funcionario.
Por Pensiones No contributivas (PNC) se entiende que se recibe un beneficio para el cual no se han hecho aportes, es decir, no se ha contribuido en algún momento de la vida.
