El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de organismos clave relacionados con la infraestructura vial y la seguridad en el transporte, ratificando su decisión a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La drástica reestructuración, busca, según el Ejecutivo, una gestión más eficiente y transparente, eliminando duplicidades y gastos innecesarios.
Además de las disoluciones, el decreto inició un proceso de reorganización profundo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.
Este nuevo organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y se erigirá como la Autoridad de Aplicación de las concesiones viales.
Su misión principal será concentrar funciones que requieren de autonomía funcional y operativa, acumulando facultades de los organismos disueltos.
La flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte asumirá unas 15 funciones principales.
Entre las más destacadas se encuentran la fiscalización de los contratos de concesión viales, ferroviarios y del transporte terrestre de jurisdicción nacional.
También tendrá la potestad de aplicar sanciones ante incumplimientos de las normas legales, velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte nacional, conducir o encomendar investigaciones técnicas, y percibir y fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias.
En paralelo, el mismo decreto dictó la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte. Esta entidad reducirá considerablemente su alcance y gasto, y pasará a llamarse “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”.
Su ámbito de actuación quedará limitado exclusivamente al transporte aéreo civil, con el fin de cumplir con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
