Los empresarios responsables de algunas franquicias de las heladerías Cremolatti y Creambury en Córdoba y otros presuntos testaferros sufrieron nuevos reveses en la causa federal en la que se los investiga por presunta asociación ilícita fiscal y evasión previsional.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital, integrada por Liliana Navarro, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, revocó los sobreseimientos, ordenados por el entonces juez subrogante N° 1 del mismo distrito, Alejandro Sánchez Freytes, de Oscar Emanuel Rossi, María Luz Gómez, Franco Sosa, Roxana Soledad Corral y Lucía Mariana Mors, y los procesó como autores de asociación ilícita fiscal.

Los vocales también revocaron la falta de mérito de Mauro Ezequiel Falvo por el mismo delito y lo procesaron revirtieron los sobreseimientos de Eric Alejandro Scurta y de Maximiliano Camacho, y revocaron los sobreseimientos de Germán Rocca, su hermano Joaquín Rocca y Marcos Javier Baldovino por evasión previsional, por lo que ordenaron su procesamiento.

La causa contra los empresarios y supuestos testaferros en Córdoba
La investigación comenzó hace varios años, cuando el fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari, imputó a Baldovino, a los hermanos Rocca, a Rosa Marta Micoli (madre de Germán Rocca) y al contador Falvo.

Las maniobras se habrían producido desde el período fiscal 2016, cuando los Rocca y Baldovino presuntamente montaron una asociación ilícita fiscal para obtener una mayor rentabilidad económica. Así, habrían ocultado la verdadera dimensión de su actividad comercial (las franquicias de Cremolatti y de Creambury) y la cantidad de empleados contratados.

Habrían abierto las franquicias de Cremolatti, de Creambury y de Panicafé habilitándolas, presuntamente, a nombre de 11 firmas SA y SAS (Pullman, Amsa, lta, Eletea 1086, Suertudo, Mopa, Wadiya, Andalao, Noplag, Dunk, Colectivo 60) y de algunas personas físicas para concretar las operatorias sospechosas. La particularidad habría radicado en que ninguna de ellas habría tenido la capacidad económica, patrimonial ni financiera para desarrollar esas actividades.

Otra de las maniobras habría consistido en no pagar, o en hacerlo sólo de forma parcial, las deudas impositivas, con lo que se dejaban inactivas las firmas involucradas para crear nuevas empresas y continuar con su actividad comercial. Además, algunos empleados no habrían sido registrados (se les habría pedido, incluso, que gestionaran el ingreso familiar de emergencia –IFE–, para luego descontárselo del sueldo) y otros en “blanco” habrían percibido remuneraciones inferiores al salario mínimo.

Baldovino quedó como el más comprometido en la causa, como autor de asociación ilícita fiscal y de lavado agravado. Si bien el entonces juez N° 1 Ricardo Bustos Fierro (hoy jubilado) no sólo lo había procesado a él, Rocca y Micoli por lavado, Sánchez Freyes los sobreseyó por prescripción.

Nuevos reveses en Córdoba
Los empresarios y sus presuntos testaferros sufrieron nuevos reveses en las últimas horas. A partir de las apelaciones de los fiscales Senestrari y Alberto Lozada y de Arca, la Cámara revocó los sobreseimientos de Rossi, Gómez, Sosa, Corral, Mors y Falvo, y los procesó por asociación ilícita fiscal, misma figura por la que Baldovino ya había sido procesado.

La camarista Navarro (autora del voto principal, con las adhesiones de sus pares) discrepó con el juez Sánchez Freytes, quien había considerado a los imputados “empleados en relación de dependencia”, cuyos perfiles fiscales “no eran compatibles” con el dueño de una franquicia.

“Lejos de constituir una cuestión que los excluye de responsabilidad penal –como considera el juez–, se trata de una cuestión relevante y sustancial a los fines de la consecución de los planes ilícitos diagramados”, advirtió.

“Cuando se analizan los perfiles fiscales de cada uno de los imputados que habrían ejercido el rol de simples integrantes, claramente ellos no resultan compatibles con ‘el de un empresario dueño de una franquicia de una heladería de renombre’, puesto que precisamente el fin ilícito perseguido por la organización delictiva era ‘aparentar’ ser dueño de algo que en realidad no se es, para ocultar, de tal modo, la verdadera identidad de los titulares del grupo económico”, destacó.

De este modo, la Cámara puntualizó que los “verdaderos dueños de los comercios” son los hermanos Rocca y Baldovino, y que el resto de los imputados desempeñaron diversas maniobras. Entre ellos, apuntó a Rossi como el “encargado” de las sucursales de avenida General Paz y Rondeau, y supuesto testaferro.

Rossi aparecía como presidente de las empresas Eletea 1986, LTA y Suertudo, por lo que habría firmado actas constitutivas de esas firmas y realizado trámites y presentaciones ante Arca. También habría suscripto contratos de franquicias de Creambury y habría tenido un poder general firmado por Baldovino.

Los investigadores detectaron que Rossi consultaba cada una de las decisiones a Baldovino y Germán Rocca, y que algunas de esas decisiones se vinculaban tanto con el manejo del dinero como de los importes que debían descontarse a los empleados en concepto del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Por su parte, la imputada Gómez no sólo habría constituido junto con Germán Rocca la firma Noplag, sino que también habría realizado las gestiones como supuesta prestanombre. Revestía el carácter de administradora titular, representante legal y administradora de clave fiscal.

Para los camaristas, la voluminosa documentación secuestrada demuestra su “activa intervención” en las maniobras, entre ellas, la concesión de un poder amplio para que Rocca interviniera en negocios de la compañía y vendiera 1.350 acciones de Noplag a Baldovino.

Corral y Micoli (madre de Germán Rocca) constituyeron la empresa Amsa, al tiempo que la primera además habría realizado las gestiones para que los negocios fueran administrados por los Rocca y Baldovino. Así, como presidenta y administradora de clave fiscal de Amsa, Corral habría dado directivas sobre el giro ordinario de la empresa y el manejo de sus fondos.

A su turno, Sosa no sólo revestía la calidad de socio de Wadiya, sino también administrador titular y administrador de relaciones de clave fiscal de la firma. Confirió un poder amplio a Germán Rocca y llevó adelante acciones para el giro comercial de las heladerías. “Asumió el rol de prestanombre para ocultar la identidad de los verdaderos empresarios y empleadores que llevaban adelante la explotación de las heladerías”, subrayó la Cámara.

Los jueces también sostuvieron que, en el caso de Mors, habría constituido Pullman como presidenta y habría realizado gestiones para simular esa condición ante el fisco.

Por otro lado, la Cámara revirtió los sobreseimientos de Scurta (director suplente de Suertudo) y Camacho (director suplente de Pullman), y los procesó por asociación ilícita al no existir certeza negativa respecto de su participación penal. Ordenó al juez Carlos Ochoa (reemplazante de Sánchez Freytes) que profundizara sus responsabilidades en las maniobras y dictara un nuevo fallo.

Sobre el contador Falvo, la Cámara consideró que intervino en las operatorias ilícitas: “Sus aportes se encuentran encaminados a la consecución del fin criminoso, en el marco de la asociación ilícita en la cual se habría utilizado a personas físicas y jurídicas interpuestas y que Falvo no pudo desconocer, habida cuenta de la prueba en su poder”.

“No sólo que estaba al tanto de las maniobras (….) sino habría tenido activa intervención en ellas, coordinando la actuaciones y presentaciones fiscales de las personas físicas y jurídicas involucradas”, agregó.

Por último, los vocales revocaron los sobreseimientos de los Rocca y Baldovino respecto de la evasión de los aportes a la seguridad social que debían tributar. Mediante la conformación de un “grupo económico oculto” bajo el entramado de las 11 empresas “creadas por ellos y constituidas en su mayoría por personas que actuaban como prestanombres –empleados–, son los verdaderos empleadores y sujetos obligados al pago de los respectivos aportes y contribuciones de la seguridad social”, advirtieron.

De este modo, habría pagado salarios inferiores al ingreso mínimo, sin registrar la totalidad de las relaciones laborales, lo que habría consumado la evasión previsional. También, como se dijo, habría hecho gestionar a sus empleados el IFE, como reveló una denuncia periodística.

Para consumar la evasión, los montos deben superar los $ 200 mil por cada mes, con lo que se detectaron 15 meses en los que eso sucedió y 23 de ellos en los que no. Así, fueron procesados por ese delito por los 15 meses y sobreseídos por los restantes 23.

La Voz del Interior.